En construcción

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CARPETAS de SUBVERSIVOS

ÍNDICE DE MATERIAS

• JURISDICCIÓN

• EXORDIO

• MARCO CONCEPTUAL DE LA PRESENTE ACCIÓN CIVIL

• PARTE DEMANDANTE

• PARTES DEMANDADAS

• PRÁCTICAS ILEGALES E INCONSTITUCIONALES CONTRA EL PARTIDO INDEPENDENTISTA PUERTORRIQUEÑO

• PRIMERA CAUSA DE ACCIÓN:
  VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

• SEGUNDA CAUSA DE ACCIÓN:
  ARTÍCULO 1802 DEL CÓDIGO CIVIL

• TERCERA CAUSA DE ACCIÓN:
  LEYES ESPECIALES

• CUARTA CAUSA DE ACCIÓN:
  VIOLACIONES A LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL

• RELACIÓN CAUSAL Y DAÑOS

• RECLAMACIÓN DE GASTOS, COSTAS Y HONORARIOS DE ABOGADO

• REMEDIOS

• SÚPLICA

EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE PUERTO RICO
SALA DE SAN JUAN


PARTIDO INDEPENDENTISTA PUERTORRIQUEÑO

	DEMANDANTE

		V.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO;
PARTIDO POPULAR DEMOCRÁTICO;
PARTIDO NUEVO PROGRESISTA;
A,B;
C,CH;
D,E;
F,G;
H,I;
J,K;
ASEGURADORAS L,M,N

	DEMANDADOS

****************************************

CIVIL NUM.:
KDP 93-0961 (801)

SOBRE:

DERECHOS CONSTITUCIONALES;
DERECHOS CIVILES;
LEYES ESPECIALES;
DAÑOS Y PERJUICIOS;

****************************************


D E M A N D A 


AL HONORABLE TRIBUNAL:

	 Comparece la parte demandante y mediante la representación legal que 
suscribe expone, alega y solicita:



JURISDICCIÓN
 

	1.1	Esta es una acción civil al amparo de la Carta de Derechos de la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de la Ley de Derechos 
Civiles de Puerto Rico, del Artículo 1802 del Código Civil, de las leyes que han 
reglamentado y reglamentan los procesos electorales en Puerto Rico y las leyes 
especiales que prohíben el discrimen por razón de ideas políticas, creencias o 
ideología.



EXORDIO
 

	2.1	El 8 de julio de 1987, el Representante a la Cámara por el Partido 
Independentista Puertorriqueño, Honorable David Noriega Rodríguez, instó demanda 
de injunction contra el ex-Gobernador de Puerto Rico, Honorable Rafael Hernández 
Colón y el Superintendente de la Policía de Puerto Rico, Lic. Carlos López 
Feliciano.  Alegó que había presentado la Petición de Información Número 167, 
debidamente aprobada por la Cámara de Representantes, requiriendo información 
sobre las listas de personas que han sido calificadas como "subversivos" y a 
quienes se haya abierto expedientes o carpetas en la División de Inteligencia de 
la Policía de Puerto Rico.  Noriega Rodríguez y otros v. Hernández Colón y otros, 
Civil Núm. PE-87-639 (904).

	2.1.1	Solicitó en su demanda un remedio interdictal para que se 
preservaran todos los expedientes, documentos, manuales, ficheros etc. de la 
División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico que estuvieran encaminados 
directa o indirectamente a calificar a cualquier ciudadano o entidad en las 
categorías de independentista, separatista o subversivo; que se efectuara un 
inventario completo para la custodia del tribunal; que se informara sobre los 
documentos removidos o destruidos; y que se proveyera una lista de las personas 
que tuvieron acceso a esos documentos o expedientes.

	2.2	Tras el trámite correspondiente, el Tribunal Superior, Sala de San Juan 
(Hon. López Rodríguez, Arnaldo) declaró inconstitucional la práctica del Estado de 
abrir expedientes o carpetas, fichar y obtener información sobre las personas y 
agrupaciones por razones ideológicas exclusivamente y ordenó la entrega de los 
expedientes a las víctimas de la práctica declarada inconstitucional.  Sentencia 
de 31 de julio de 1987, Noriega Rodríguez y otros v. Hernández Colón y otros, 
Civil Núm. PE-87-639 (904)

	2.2.1	La referida Sentencia parcial concluyó que:

"SENTENCIA6/

	(1)	Se declara que la práctica de levantar expedientes, carpetas, listas, 
ficheros, etc., de personas, agrupaciones y organizaciones única y exclusivamente 
por motivo de las creencias políticas e ideologías de éstos sin que se tenga 
evidencia real que vincule a esas personas con la comisión o intento de comisión 
de un delito, es ilegal e inconstitucional por infringir los derechos de libertad 
de palabra, de asociación y de privacidad y por constituir ello una afrenta a la 
dignidad del ser humano.

	También se declara que dicha práctica es ajena a nuestro sistema democrático 
de gobierno.

	(2)	Se libra auto de injunction permanente contra el Gobernador de Puerto 
Rico, el Superintendente de la Policía de Puerto Rico, los sucesores de éstos, y 
contra todos los miembros y empleados de la Policía de Puerto Rico para que cesen 
y descontinúen de inmediato y permanentemente en la práctica descrita en el 
párrafo anterior.

	(3)	Se le ordena a la parte demandada entregar al demandante, Lcdo. Graciani 
Miranda Marchand, y a todas aquellas personas que se encuentren en la misma 
situación que éste, todo documento en poder de la Policía de Puerto Rico que obre 
en cualquier carpeta, archivo o fichero que se haya abierto única y exclusivamente 
por motivo de las ideas políticas de dicha persona, entendiéndose por documento, 
todo escrito original o no, manuscrito, mecanografiado, fotocopiado  o conservado 
mediante cualquier sistema mecánico, incluyendo sin limitarse a microfichas, 
grabaciones de cualquier índole, bien de sonido, cintas videomagnetofónicas, 
computadoras, procesadoras de palabras, fotografías, y cualquier objeto análogo 
conservado en la Policía de Puerto Rico bajo cualquier sistema de colección de 
datos, disponiéndose que en el caso del demandante, Lcdo. Graciani Miranda 
Marchand, dichos documentos deberán ser entregados a éste personalmente dentro de 
los próximos quince (15) días a partir de la fecha de notificación de esta 
Sentencia.

	En cuanto a la fecha y medio de entrega de los documentos a todas las otras 
personas que se encuentran en la misma situación que el demandante, se fijará la 
fecha y se establecerá el mecanismo de entrega mediante resolución a emitirse 
posteriormente, previa consulta del Tribunal con las partes en este pleito.7/

	(4)	Se le prohíbe terminantemente a la parte demandada retener copia 
reproducida por cualquier método de los documentos anteriormente indicados.

	(5)	En la eventualidad del Estado levantar cualquier reclamo de 
confidencialidad con respecto a alguna información que obre en algunos de los 
expedientes, se procederá a conservar el documento cuya confidencialidad se 
reclame en un sobre lacrado y el mismo se remitirá de inmediato a este Tribunal 
para la resolución de tal reclamo.

	(6)	El Tribunal se reserva el derecho de designar un Panel de Comisionados 
para que evalúen los reclamos de confidencialidad y recomienden al Tribunal la 
resolución adecuada sobre tal reclamo.

	(7)	En adición a la entrega de los documentos antes descritos a las personas 
concernidas, deberá la parte demandada suplirle a éstos la siguiente información, 
si la misma no surgiere de los documentos:

	(i)	Fecha en que se abrió el expediente.

	(ii)	Criterios que se usaron para abrir el expediente.

	(iii)	Uso, si alguno, que la Policía le dió al expediente de las 
personas, esto incluye sin limitarse entre otros:  (a) Si se le suministró 
información a alguna persona, organización o entidad de que el sujeto a quien se 
le abrió el expediente era considerado por la Policía de Puerto Rico como 
'subversivo';  (b)  persona o entidad a quien se le dió esa información y  (c)  la 
fecha en que se dió la misma.8/

______________________________

6/	Esta Sentencia enmienda la dictada en el Caso Número PE-87-981 el día 20 
de julio.


7/	Como previamente expresamos, la parte demandada informó que se tiene que 
revisar más de 35,000 expedientes.


8/	Obsérvese que sin el conocimiento de estos hechos las personas no 
podrían exigir adecuadamente los remedios a los agravios del gobierno.

	La mera confección por parte de la Policía de una lista de personas que ellos 
consideran como 'subversivo' sin que dicha información nunca hubiese salido de la 
Policía no lo consideramos asunto de tanta peligrosidad.  Lo verdaderamente 
peligroso estriba en el uso indebido o perverso que se puede haber dado a esa 
información."  (Enfasis en el original, corchetes nuestros)

	2.3	El 16 de setiembre de 1987 se dictó Sentencia mediante la cual adoptó un 
conjunto de reglas que habrían de regir el procedimiento de entrega de 
expedientes.  Noriega Rodríguez y otros v. Hernández Colón y otros, Civil Núm. PE-
87-639 (904)	

	2.3.1	La referida Sentencia concluyó que:

	"El día 31 de julio de 1987, este Tribunal dictó Sentencia Parcial en este 
caso en la que se resolvieron las cuestiones de mayor relevancia levantadas en el 
pleito.  En la referida Sentencia se declaró que la práctica de levantar 
expedientes, carpetas, listas, ficheros, etc., de personas, agrupaciones y 
organizaciones única y exclusivamente por motivo de las creencias políticas e 
ideologías de éstos sin que se tenga evidencia real que vincule a esas personas 
con la comisión o intento de comisión de un delito es ilegal e inconstitucional 
por infringir los derechos de libertad de palabra, de asociación y privacidad y 
por constituir ello una afrenta a la dignidad del ser humano.  Declaramos que 
dicha práctica es totalmente ajena a nuestro sistema democrático de gobierno.1/

_______________________________________



	1/	Sobre la práctica declarada inconstitucional por el Tribunal, el Señor 
Secretario de Justicia, Hon. Héctor Rivera Cruz, en una comunicación dirigida al 
Señor Superintendente de la  Policía de Puerto Rico, fechada 16 de julio de 1987, 
se expresó en los siguientes términos:

	

	'En sus inicios, la Unidad de Inteligencia  fue concebida como un instrumento 
para recopilar información sobre personas vinculadas por "actividades 
subversivas", función que fue adquiriendo prominencia al transcurso de los años.  
Evidentemente mal orientada y desprovista de criterios objetivos de 
funcionamiento, se llegó hasta el absurdo de preparar arbitrariamente "listas de 
subversivos", incluyendo en ellas personas honorables absolutamente desvinculadas 
de la actividad criminal, sencillamente por profesar ideología contrarias a la del 
gobierno constituido; se procesaron investigaciones por el mero hecho del 
investigado ejercer sus derechos constitucionales a la libre expresión y 
asociación; degenerando dicha actividad "oficial" hasta su máxima expresión en la 
planificación y ejecución de un "crimen político". Semejante comportamiento 
reprobable ha merecido justamente el repudio general y el de organismos oficiales 
que se han dado a la tarea de revisar los procedimientos policíacos concernidos en 
determinada época.....



a la página 9 de la citada carta



	No obstante, el sistema o método de recopilación de información vigente es a 
tal grado deficiente que permite, por vicios del pasado, que ingresen al sistema 
nombres de ciudadanos, a quienes se les abren tarjetas, carpetas o expedientes, 
sin que exista ni pizca de evidencia o indicio que los relacionen con acto ilegal 
alguno; que permite que se realicen investigaciones y se abran expedientes a 
ciudadanos por el solo hecho de participar en movimientos a favor de la 
independencia de Puerto Rico; en resumidas cuentas, que permite "fichar" a una 
persona, o calificarla como "subversivo" por razón de ejercer derechos 
garantizados constitucionalmente. Esto es sencillamente intolerable.



	Un sistema de recopilación de información como el aquí descrito es 
incompatible con los postulados básicos de libertades que propugnan los regímenes 
democráticos como el nuestro, por lo que debe ser censurado y rectificado de 
inmediato.   a la página 10.'

		...

	...  Atendida la confesión del Estado de haber estado incurriendo por varias 
décadas en la práctica declarada inconstitucional en esta Sentencia, no creemos 
que sea lo más prudente y lo más aconsejable dejar ahora exclusivamente en sus 
manos la implementación del remedio de la disposición de las tarjetas y 
cartapacios abiertos ilegalmente a miles de ciudadanos.

	...

	Les fue explicado en varias ocasiones a las partes que lo que motivó 
principalmente al Tribunal a adoptar la posición antes indicada [entrega del 
expediente] lo constituye el hecho de que si algún daño se ha ocasionado a 
cualquier persona o entidad por razón de habérsele abierto el referido expediente, 
la mejor prueba para dicha persona solicitar indemnización a tenor con el Artículo 
1802 del Código Civil por el agravio del Estado lo constituye ese expediente.  
Cada vez que se daba esta explicación los abogados de la parte demandada mantenían 
silencio.

	...

REGLAS

	...

	4.I.1	Aquellas personas que respondieron a la notificación y las que 
acudieron directamente y les fue dada una cita le será entregado su tarjeta(s) o 
el expediente o ambas cosas, según sea el caso.

	4.I.2	Previo a la entrega del expediente o tarjeta(s) a la persona 
concernida el Estado se asegurará de haber enumerado y marcado con un sello de 
goma y haber rubricado todos y cada uno de los folios que contiene el expediente.  
Esta medida cautelar evitará la posibilidad de que una vez entregada la tarjeta(s) 
o cartapacio sus folios sean alterados (en particular introduciendo otros folios).

	...

	5.4	El Tribunal retendrá el original del recibo por un periodo de un año a 
contar del momento de la entrega del expediente, y expirado el término dicho 
documento será destruido.4/

_______________________________________ 



4/	Se acogió el referido término de tiempo por ser similar al que tiene la 
persona que le es entregado la(s) tarjeta(s) o el cartapacio para incoar acción en 
daños y perjuicios contra el Estado al amparo del Artículo 1802 del Código Civil.



	...



5/	Téngase presente en todo momento y repetimos nuevamente, que los 
expedientes cuya entrega se está ordenando son aquellos que fueron abiertos desde 
su inicio única y exclusivamente por motivos de las ideas políticas de la persona 
investigada sin que exista evidencia real que vincule a esa persona con la 
comisión o intento de comisión de un delito.

	...

	6.1	El Estado ha confesado su culpabilidad por esta nefasta práctica 
declarada inconstitucional y la persona que resulte lesionada como consecuencia de 
la misma, en su día le podrá reclamar al Estado resarcimiento por los daños y 
perjuicios sufridos.

	...

	Dado el hecho de que la Policía no tiene ningún derecho a montar una 
vigilancia a un ciudadano por el hecho de ser éste independentista o socialista, 
es obvio que no tiene derecho a obtener, ni menos aún retener información o 
documentos obtenido por medio de estas actividades.

	Si una agencia del gobierno posee documentos e información obtenidos por 
medios ilegales, el Tribunal tiene el poder en equidad para conceder remedios 
interdictales con relación a esos documentos e información, si su conservación por 
parte de la agencia no sirve ningún propósito legítimo y también para vindicar el 
derecho de la parte afectada. [citas omitidas]

	Determinamos que conservar dicha información no sirve ningún propósito 
legítimo máxime cuando el delito alegadamente infringido por la alegada sospecha 
de conducta delictiva ha prescrito y que la mejor forma de disponer 
permanentemente de esa información es su entrega a la persona concernida.

	Cualquier uso o diseminación que el Estado pueda hacer con este material, 
estaría manchado de ilegalidad por razón de que dicha información no llegó a manos 
del gobierno legalmente."  (Enfasis en el original, corchetes nuestros)

	2.4	El 15 de diciembre de 1987 se dictó Sentencia Parcial en el caso 
I.P.D.C. y otros v. N.I.E. y otros, Civil Núm.: PE-87-1243 (907), Tribunal 
Superior, Sala de San Juan (Hon. López Oliver, Pedro).

	2.4.1	La referida Sentencia Parcial, con la anuencia del Estado, dispuso 
en lo pertinente:

	"2.	Se declara ilegal e inconstitucional la práctica de preparar y mantener 
expedientes, ficheros u otros documentos sobre personas o instituciones por 
razones políticas, en ausencia de una investigación criminal realizada dentro de 
los límites constitucionales.

	3.	Se ordena a los demandados que se abstengan permanentemente en el futuro 
de incurrir en las prácticas señaladas en el inciso 2 de la presente sentencia."  
(Enfasis nuestro)

	2.4.2	Se ordenó la paralización del caso hasta que el Tribunal Supremo 
resolviera la apelación incoada en el caso de Noriega Rodríguez v. Hernández 
Colón.  La parte demandada hizo constar su determinación de extender iguales 
remedios que los concedidos en este último caso, favoreciendo de esta forma la 
uniformidad en el remedio.

	2.5	El 21 de noviembre de 1988 el Tribunal Supremo de Puerto Rico confirmó 
las Sentencias del 31 de julio de 1987 y del 16 de setiembre de 1987.  Noriega 
Rodríguez v. Hernández Colón, 122 D.P.R 650 (1988).

	2.5.1	Sostuvo el Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante Opinión 
emitida por el Hon. Ortiz Gustafson, Juez Asociado:

	"No hay nada más preciado para un 'hombre de bien' que su dignidad y 
reputación en la comunidad.  Si por sus actuaciones ilegales o inmorales, las hace 
quedar en entredicho, responderá a su conciencia, a sus seres más íntimos y a 
todos sus congéneres.  Estará en dicho caso, sujeto a las sanciones penales y 
civiles que correspondan.  Pero si su dignidad y reputación es afectada 
ilegalmente por el propio Estado por el mero hecho de haber ejercitado sus 
derechos fundamentales, según éstos están garantizados en la Constitución, su yo 
interno debe poseer un cauce adecuado para la reparación, por las faltas a su 
dignidad y a su honor.  En el sistema democrático que convivimos le corresponde a 
los tribunales atender tales reclamos y diseñar remedios que propendan a aminorar 
el daño irreparable que el ciudadano ha sufrido por los desmanes del Estado.

	...

	El Tribunal Superior, Sala de San Juan, declaró en varias ocasiones, que la 
práctica de levantar expedientes, carpetas, listas, ficheros, etc. de personas, 
agrupaciones y organizaciones, única y exclusivamente por motivo de las creencias 
políticas e ideológicas de éstas, sin que se tenga prueba real que vincule a esas 
personas con la comisión o intento de comisión de delito, es ilegal e 
inconstitucional por infringir los derechos de libertad de palabra, de asociación 
e intimidad y por constituir una afrenta a la dignidad del ser humano.  El 
Tribunal resolvió que dicha práctica es totalmente ajena a nuestro sistema 
democrático de gobierno.

	Esta odiosa, y desafortunada práctica que tanta adversidad e infortunio ha 
levantado en nuestro país, no es única y particular en nuestra sociedad. ...

	...

	En el caso ante nos, el Estado, desde el inicio de los litigios, ha admitido 
que la práctica antes señalada es ilegal y ha aceptado y prometido que habrá de 
descontinuarla.  Esta honesta y loable actitud, simplificó, en algo, la labor del 
tribunal de instancia y claro está, nuestra función revisora.

	...

	Ya hemos visto que estamos ante violaciones crasas durante varias décadas de 
una pléyade de derechos de la ciudadanía.  Entre otros, la indebida intervención 
del ejecutivo en la vida familiar y la intimidad de éstos ciudadanos.  Estas 
infracciones son remediables mediante el recurso de injunction.  Colón v. Romero 
Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982).

	En cuanto a expedientes, listas, ficheros, documentos obtenidos ilegalmente 
por el Estado, se ha reconocido el poder en equidad de los tribunales para 
intervenir.

	...

	Ya hemos visto el historial del caso.  La declaración de inconstitucionalidad 
de la práctica ilegal beneficia a todos aquellos colocados en una situación 
análoga.  Asimismo el Estado consintió y se comprometió a abstenerse 
permanentemente de la práctica ilegal.  No hay controversia de que únicamente el 
Estado es el que conoce cuáles son las 74,000 personas y entidades  que aparecen 
ilegalmente fichadas en los expedientes y listas que han preparado en forma 
inconstitucional durante largos años."  (Enfasis nuestro)

Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, 122 D.P.R a las págs. 654 y ss.

	2.5.2	La Opinión de conformidad emitida por el Hon. Negrón García, Juez 
Asociado abundó:

	"La génesis que dió paso a la práctica de la policía de oficialmente 
levantar, actualizar y preservar expedientes de personas Ñy una lista y tarjeteros 
como contrareferenciasÑ basados únicamente en su afiliación o preferencia 
política, es una cara triste de nuestra historia como pueblo, matizada por 
distintos prismas y serias tribulaciones políticas en cuanto al destino incierto 
de nuestra relación con los Estados Unidos.

	...

	Aunque ciertamente convergen en esta apelación múltiples derechos 
fundamentales, todos repercuten sobre aquél más sagrado y de mayor carga 
valorativa:  la libertad de conciencia que es la voz espiritual más íntima del ser 
humano.

	...

	Por décadas el Estado, quien paradójicamente era el llamado a promover y 
mantener la convivencia ordenada y pacífica en el país, ha actuado silenciosamente 
al margen de la Constitución.

	Las llamadas "listas de subversivos" son rémoras para nuestra democracia, 
constituyen llaves de acceso oficial a la represión sutil, directa o indirecta, 
indiscriminada.  Más allá del simple catálogo documental, en su esencia, las 
listas y ficheros mantienen un estigma humillante y vejatorio que atenta contra la 
dignidad, la intimidad y los derechos de expresión y libre asociación de miles de 
ciudadanos.

	Si algún valor decisorio tiene el dictamen judicial de autos, es detener la 
práctica de asociar necesariamente al movimiento independentista del país con 
actos de violencia y conducta criminal.  Aunque no es exclusiva, es contra éste, 
principalmente, que la injusticia ha sido grande. No podemos cerrar los ojos.  
'Los jueces no viven en un vacío.  Sabemos lo que el resto de la comunidad sabe.'

	...

	Esta vieja práctica nunca debió entronizarse.  Aunque es típica del fascismo 
aterrador o de las dictaduras castrantes, en ocasiones ha germinado en países de 
tradición democrática.  Puerto Rico no ha sido la excepción.  Constituye una 
mancha en nuestra vida colectiva como pueblo que difícilmente será borrada.  Para 
lograr su erradicación total, evitar su resurgimiento y que no pueda a prender en 
las futuras generaciones merece la más enérgica y unánime condena.

	Atenta contra los más elementales derechos civiles, humanos y 
constitucionales.  Se presta para persecuciones, cacerías de brujas y para acallar 
justos reclamos.  Equivale a sustituir la ley por la fuerza; la democracia por el 
totalitarismo.  Ha permitido criminalizar el ideario político de la independencia 
y convertido la útil facultad investigativa de la policía, Ñcomo función legítima 
disuadora del delitoÑ en disuadora de la libertad."  (Subrayado en el original, 
énfasis nuestro, escolios omitidos)

Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, 122 D.P.R a las págs. 692 y ss.

	2.5.3	Por su parte en la Opinión de conformidad emitida por el Hon. 
Hernández Denton, Juez Asociado expresó:

	"Al convenir con la opinión del Tribunal reafirmamos que nuestro ordenamiento 
constitucional prohíbe 'discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, 
nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas'.  Const. 
de P.R. Art. II, Sec. 1.  En nuestra democracia, mantener un sistema sobre 
recopilación de información sobre personas y agrupaciones totalmente desvinculadas 
con algún hecho delictivo acaecido o vislumbrado, constituye una indebida 
restricción a los derechos de libre expresión, libertad de asociación y al derecho 
de intimidad.

	Particularmente nociva a la vida comunitaria y democrática de nuestro país ha 
sido la práctica, originada durante la Administración del General Winship y 
utilizada por todos los gobernantes hasta ahora, de confeccionar listas de 
personas y grupos minoritarios que promueven activamente el cambio social y 
político mediante acciones perfectamente legítimas y legales.  Aunque 'las listas' 
han incluido a personas y entidades de diversas ideologías políticas, ha sido el 
movimiento independista quien más fuerte ha sufrido las consecuencias de este 
método coercitivo.

	...

	A pesar de estas recomendaciones [Informes de la Comisión de Derechos 
Civiles], las actitudes que dieron lugar a la preparación de las listas han 
persistido hasta nuestros tiempos y han generado a su vez actuaciones represivas 
del Estado que le han costado la vida a algunos de los más fervientes seguidores 
de la juventud independentista.  No ha sido hasta la presentación de este pleito 
que el Estado por primera vez acepta la inconstitucionalidad de esta práctica y 
establece un mecanismo para atender la situación."  (Corchetes nuestros)

Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, 122 D.P.R a las págs. 700 y ss.

	2.6	Mediante Orden de 9 de enero de 1989 se designó como Comisionados 
Judiciales a los licenciados Abrahán Díaz González y Angel M. Martín con la 
encomienda de instrumentar, organizar, dirigir y supervisar la labor de 
disposición y entrega de los documentos, carpetas, fotografías etc. que fueron 
abiertos única y exclusivamente por motivo de creencias políticas o ideológicas.

	2.7	Mediante Orden de 10 de enero de 1989 se consolidaron los casos Noriega 
Rodríguez y otros v. Hernández Colón y otros, Civil Núm. PE-87-639 (904), Marchand 
v. López Feliciano y otros, PE-87-981 (904) con el caso I.P.D.C.y otros v. N.I.E. 
y otros, Civil Núm.: PE-87-1243 (907).

	2.7.1	Se dispuso en la Orden de referencia:

	"El referido caso de I.P.D.C. vs. N.I.E. supra., y los casos de epígrafe 
envuelven cuestiones comunes de hechos y derecho, salvo que las partes son 
diferentes.

	...

	En resumen, estos tres casos tratan del mismo asunto, salvo que los 
expedientes declarados ilegales se encuentran en posesión de diferentes 
departamentos del Estado.  Parte de ellos están bajo la posesión de la Policía de 
Puerto Rico y otros en posesión del Negociado de Investigaciones Especiales, 
dependencia del Departamento de Justicia.

	...

	... la disposición de todos los expedientes levantados ilegalmente por el 
Estado no importa el lugar donde se encuentren los mismos tiene que ser aquella 
según establecida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico."

	2.8	El 26 de junio de 1989 se creó el Centro para Disponer de Documentos 
Confidenciales en Poder de la Policía y el Departamento de Justicia  de Puerto 
Rico (Centro para Disponer de Documentos ...) con el propósito de ejecutar la 
Sentencia dictada el 14 de setiembre de 1987, según confirmada por el Tribunal 
Supremo el 21 de noviembre de 1988, y organizar la entrega de expedientes a las 
personas afectadas por la práctica ilegal e inconstitucional del gobierno bajo la 
supervisión de los Comisionados Judiciales.  Se designó a la licenciada Migdalia 
Fraticelli como Directora Ejecutiva.

	2.8.1	El 31 de julio de 1989 el Centro para Disponer de Documentos 
Confidenciales ... comenzó la entrega de los expedientes abiertos por razones 
ideológicas por el Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de 
Justicia, y su antecesor la División de Investigaciones Especiales, sobre los 
cuales el gobierno determinó que no tenía reclamo alguno de confidencialidad a las 
personas o agrupaciones a las cuales pertenece el expediente.

	2.9	El 16 de agosto de 1989 el Tribunal Superior emitió una Resolución 
denegando los reclamos de confidencialidad del Estado y ordenando la entrega 
inmediata "de los expedientes y tarjetas en el estado en que se encuentran."  

	2.9.1	La referida Resolución en lo pertinente a esta acción expresa:

	"A penas unos días atrás, el 31 de julio, comenzó la entrega de 2,200 
expedientes que estaban en posesión del Negociado de Investigaciones Especiales 
del Departamento de Justicia sobre los cuales no existe objeción alguna de parte 
del Estado.

	...

	Nuestra función judicial --pautada hace algunos años por el Tribunal Supremo 
de Puerto Rico-- 'debe ser expeditar el camino a los ciudadanos interesados 
-incluyendo críticos y adversarios-- en averiguar la verdad y no sembrar el camino 
de obstáculos.  Ante la hermética resistencia del Estado a viabilizar el derecho 
de acceso a información, corresponde a los tribunales franquear el camino, tomando 
en consideración los intereses públicos...'.  Soto v. Srio. de Justicia, 112 
D.P.R. 477, 504 (1982).

	Nuestra misión es cónsona con el Art. II, Sec. 4 de la Carta de Derechos de 
la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al garantizar que 'no se 
aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho 
del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de 
agravios'.  Véase 4 Diario Sesiones de Convención Constituyente 2564.  Ello 
requiere que adoptemos una actitud judicial que conduzca a 'la reparación de 
agravios dentro de la más dilatada visión'.  Soto v. Srio. de Justicia, supra, 
pág. 485.

	Coincidimos con la teoría expuesta por el demandante Noriega Rodríguez, en el 
sentido de que 'los reclamos individuales de información en autos de miles de 
ciudadanos puertorriqueños afectados por la práctica ilegal e inconstitucional de 
funcionarios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de fichar, perseguir, 
identificar y registrar la identidad de la persona, única y exclusivamente por 
razón de sus ideas políticas, amerita la más amplia y fiel divulgación a la 
persona afectada del material e información recopilado; ello propenderá a la 
fulminación de la práctica, disuadirá a los autores de repetir la infame y espúrea 
actuación, garantizará la pureza de los procedimientos, evitando desconfianza en 
torno a un posible encubrimiento gubernamental, y restaurará la confianza en 
nuestro sistema de justicia mediante la concesión de un remedio completo'.  (Véase 
Memorando en Torno a Reclamos de Confidencialidad del Estado, presentado por el 
demandante Noriega Rodríguez, páginas 2-3)

	La cuestión fundamental en este caso es 'determinar cuáles son los remedios 
adecuados para vindicar los derechos constitucionales de miles de ciudadanos y 
entidades que han sido violados por el Estado durante varias décadas.'  Véase 
Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, CA-88-135, 88 J.T.S. 141.

	...

	La esencia de las libertades civiles residen en el derecho del individuo a 
invocar la protección de la ley y obtener un remedio real y eficaz en toda ocasión 
en que sus derechos sean violados.

	La vindicación de un derecho constitucional conlleva siempre la concesión de 
un remedio adecuado.

	Nuestra obligación radica precisamente en proveer remedios adecuados por la 
violación de derechos constitucionales.  Lo contrario sería menoscabar nuestro 
ministerio y propiciar un gobierno de hombres y no de ley.  Nuestro gobierno es 
uno de leyes y no de hombres.  Por lo tanto ninguna persona, sea quien sea, puede 
pretender situarse por encima de la ley.  Lo que rige es el imperio de la ley.

	El objetivo cardinal de las Secciones 1, 4, 6 y 8 del Artículo II de la Carta 
de Derechos de nuestra Constitución es garantizar a todos los ciudadanos y a las 
generaciones venideras unos derechos básicos indispensables al contrato social que 
prohiben el discrimen por motivo de ideas políticas; que garantizan la libertad de 
palabra y el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al 
gobierno la reparación de agravios; que garantizan los derechos de libre 
asociación y organización para cualquier fin lícito y el derecho a la protección 
contra ataques abusivos a la honra, reputación y vida privada o familiar de toda 
persona.  Para conservar, fortalecer y propiciar estos valores, resulta esencial 
un gobierno de ley en el cual todo transgresor de estos derechos fundamentales del 
hombre --no importa su jerarquía--, responda ante la justicia por las 
consecuencias de sus actos.  El balance de intereses sociales radica en proteger 
estos derechos fundamentales y en desalentar su violación sistemática e impune.

	...

	... los expedientes objeto de este litigio no están protegidos por ninguno de 
los privilegios evidenciarios que informan las Reglas 31 y 32 de Evidencia.  La 
recopilación de toda la información y documentación en controversia es ilegal e 
inconstitucional per se.

	...

	Debe tenerse presente nuestra resolución y sobre todo la confesión del Estado 
al efecto de que los expedientes y tarjetas fueron recopilados por motivos de 
creencias políticas e ideológicas, sin que se tuviera evidencia que vinculara a 
las personas con la comisión o intento de comisión de un delito.  Este hecho no 
está en disputa.  Estas personas fueron investigadas sin haber relación alguna con 
conducta delictiva.  Esto ha sido comprobado al examinar al azar, los documentos 
en cuestión.  Se trata de información y expedientes que el Estado nunca debió 
recopilar.2/

	En última instancia, estos casos giran en torno a una violación sistemática 
de los derechos y libertades fundamentales garantizados por nuestra Constitución, 
por actuaciones perpetradas por el Estado durante décadas, a través de agentes, 
agentes encubiertos, informantes consuetudinarios y accidentales de la Policía y 
de agencias adscritas al Departamento de Justicia.  Todas estas personas y 
agencias conocían los derechos fundamentales del ciudadano establecidos por la 
Constitución y los límites que fija la Constitución al ejercicio de su poder y 
autoridad.  Las actuaciones ilegales de estas personas y del gobierno han sido 
admitidas por el propio Estado.  La responsabilidad del Estado y sus agentes y 
copartícipes en estos desmanes emana de sus violaciones a la ley fundamental del 
país.  Sería falaz asumir que el Estado afronta una disyuntiva respecto a las 
normas Constitucionales y su obligación de realizar investigaciones con rectitud 
dentro del ámbito de la ley.  De todos modos, los casos que nos ocupan no giran en 
torno al cumplimiento de la Ley, sino por el contrario a su violación deliberada.  
Prenda de ello es un documento titulado 'Proceso Investigativo de la Oficina de 
Inteligencia', que constituye un anejo al informe de los señores Comisionados, de 
cuyo documento se encontraron múltiples copias en los archivos de la División de 
Inteligencia de la Policía.  Este documento delata la forma deliberada y 
sistemática en que se instruía a los agentes para perpetrar con impunidad las 
violaciones de los derechos constitucionales de los ciudadanos, evadiendo su 
responsabilidad por una conducta que a ellos les constaba que está vedada por 
nuestra Constitución.

_______________________________________ 



2/	Para un entendimiento cabal respecto a la información que aparece en 
estos expedientes, quienes son los sujetos de los mismos, uso que la policía le 
dio a la información recopilada y la escala de los documentos que obran en los 
archivos de la Oficina de Inteligencia de la Policía y del Negociado de 
Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia, véase el Informe 
presentado al Tribunal por los señores Comisionados, que se une como Anejo II de 
esta Resolución (el mismo consta de 12 páginas).

	...

	... los agentes tenían conciencia de la violación de los derechos 
constitucionales de los ciudadanos investigados y, sin  embargo, urdieron 
artimañas para violarlos impunemente.

	...

	En un gobierno de ley y no de hombres, es impermisible premiar a aquellos que 
por décadas sistemáticamente se dedicaron a ultrajar nuestra Carta de Derechos, 
eximiéndoles de responsabilidad por sus actuaciones.  Reconocer judicialmente la 
violación de los derechos constitucionales a los miles de perjudicados en autos y 
despojarlos de un remedio constituiría la más grave injusticia.  UNA GRAN 
INJUSTICIA.

	...

	Como bien señala el Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles en su 
memorando, toda persona tiene derecho a saber con qué asociaciones y personas, 
correcta o incorrectamente, el Gobierno la ha estado relacionando en sus 
expedientes.  Los ciudadanos tienen derecho a saber hasta qué grado fueron 
examinadas sus vidas privadas, sus asociaciones y hasta el grado que pudieron 
haber sido difamados al imputárseles falsas asociaciones.

	...

	... Nuestra reconsideración obedece a que la intervención de los agentes, 
agentes encubiertos, informantes y confidentes consuetudinarios fue ilegal e 
inconstitucional y la información obtenida por ellos fue, en el mayor de los 
casos, subrepticia y engañosamente obtenida con pleno conocimientos de su 
ilegalidad, según queda evidenciado por las advertencias recibidas de sus 
superiores contenidas en el documento titulado "Proceso Investigativo de la 
Oficina de Inteligencia", del cual hemos transcrito precedentemente la parte 
pertinente.  Dicho proceso investigativo delata un plan para violar 
deliberadamente los derechos constitucionales y para evadir la responsabilidad 
civil y criminal de todos aquellos que en diversas capacidades intervinieron en el 
proceso.  Las violaciones al orden constitucional fueron ilegales, deliberadas e 
inconmensurables.

	La práctica ilegal e inconstitucional del estado de fichar y perseguir la 
identidad de personas única y exclusivamente por razón de sus ideas políticas 
alcanza a toda nuestra sociedad.  Fueron víctimas de esta ominosa actuación 
estudiantes, maestros, profesores universitarios, artistas, periodistas, 
ingenieros, abogados, fiscales, jueces del Tribunal de Justicia, líderes 
religiosos, artesanos, ejecutivos gubernamentales, etc.  Véase Informe de los 
Comisionados, páginas 7 y 8, Anejo II.  No existe evidencia que demuestre que la 
vida de los agentes, agentes encubiertos e informantes corra peligro.  Los casos 
demuestran la naturaleza precaria de nuestra vida constitucional y la impunidad 
del Estado, durante más de medio siglo para violar los derechos ciudadanos que 
viene obligado a proteger."  (Enfasis en el original y nuestro).

Véase además Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, res. 30 de junio de 1993, 92 
J.T.S. 85, escolio 5 y texto que lo acompaña.

	2.9.2	El Informe de los Comisionados de 1 de agosto de 1989 que acompaña 
la Resolución del 16 de agosto de 1989 describe algunas de las prácticas de 
persecución y hostigamiento del gobierno de la siguiente manera:

	"El tipo de información que generalmente contienen los expedientes puede 
resumirse como sigue: participación en actividades ideológicas, calificadas por la 
Policía en ocasiones como de naturaleza separatista, subversiva, comunista, 
socialista, sindicalista y religiosa; entre otras, tales como marchas, piquetes, 
caravanas, recibimientos o despedidas en aeropuerto, motines, protestas de 
estudiantes, reuniones en el Colegio de Abogados, hoteles, teatros, centros de 
enseñanza y otros lugares públicos y privados; y asistencia a funerales de 
simpatizantes políticos.  Tales actividades podrían ser en celebración, protesta y 
apoyo a particulares, causas políticas, como protestas contra la Marina de los 
Estados Unidos, contra la presencia de la Corte Federal, contra el servicio 
militar obligatorio, contra el arresto de estudiantes universitarios, contra la 
contaminación ambiental, contra la proliferación de bombas nucleares, contra la 
comparecencia del Gobernador ante las Cámaras Legislativas, contra la represión 
gubernamental en sus varias modalidades, contra la permanencia del estado 
colonial, contra medidas adoptadas por las autoridades universitarias, escuelas y 
otros centros de enseñanza, y otras causas.  También podrán ser actividades en 
apoyo de huelgas, mayormente del sector gubernamental; en apoyo de los músicos 
puertorriqueños, en apoyo de personas arrestadas; o, meramente por la presencia 
como abogados o como observadores en vistas ante los tribunales, tanto estatales 
como el federal, relacionadas con abogados de separatistas o con otras personas u 
organizaciones de las calificadas precedentemente.  Todo lo anterior reviste la 
mayor gravedad, cuando consideramos que, por propia admisión del Estado, toda la 
información que aparece en los archivos de la Policía y del Negociado de 
Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia, que actualmente está bajo 
custodia judicial, es de naturaleza ideológica, sin que envuelva conducta 
delictiva alguna.

	A juzgar por el gran número de expedientes y tarjetas que obran en los 
archivos del Estado y de la información que contienen, fue considerable el número 
de personas y organizaciones que fueron objeto de acusaciones anónimas y 
persecuciones, encontrándose allí todo el espectro de nuestra sociedad, incluyendo 
representantes y senadores, ejecutivos gubernamentales, fiscales, jueces, líderes 
religiosos y obreros, profesores universitarios, artistas, artesanos, médicos, 
abogados, maestros, estudiantes y periodistas.  Esas investigaciones suplían data 
de inteligencia contra la cual verificar los nombres de los solicitantes de 
empleo, tanto en el sector privado como gubernamental.

	El NIE, al igual que la Policía, recibía información de los patronos y a su 
vez les informaba sobre sus empleados y solicitantes de empleos.  La persecución 
por razón de creencias o ideologías incluía obstaculizar a los que querían 
conservar u obtener empleo.  En muchos casos, esta colaboración de Patronos y 
Policías culminó en un estado de sitio económico contra los investigados.

	En adición a los expedientes y tarjetas arriba mencionadas, se encuentran 
allí varias cintas de video y magnetofónicas de actos políticos e ideológicos, 
transcripciones de interceptaciones telefónicas y publicaciones diversas de 
contenido ideológico político.

ÑIVÑ

	Las Oficinas Centrales del Negociado de Investigaciones Especiales radicadas 
en Puerta de Tierra, frente al Parque Muñoz Rivera en la Avenida Ponce de León, 
contienen en su segundo piso, una habitación 12 X 9 pies, en que se alojaba un 
fichero que contenía aproximadamente unas 4,500 tarjetas de 4 X 6 pulgadas y unos 
archivos que contenían aproximadamente 4,500 expedientes.  Las tarjetas 
individuales, organizadas en orden alfabético, contenían un número clave de 
referencia y el nombre de la persona u organización investigada.  El sistema de 
claves de referencia está coordinado con los archivos en el Centro de la División 
de Inteligencia de la Policía.  Los expedientes contienen el nombre de la persona 
u organización investigada, el número o clave que también aparece en la tarjeta y 
cuando menos un formulario impreso con la información sobre su persona u 
organización y específicamente sobre su ideología política.  Contienen, con mucha 
frecuencia, un retrato del investigado, obtenido en el Departamento de Obras 
Públicas, en la división de licencias para conducir automóviles.  La evidencia 
demuestra que se realizaban investigaciones en todas las agencias del gobierno, 
uniones, grupos de estudiantes, asociaciones, etc. para identificar , 
separatistas, socialistas, comunistas y sindicalistas, entre otros.

	El NIE, al igual que la Policía, rendía informes semanales y mensuales a 
Fortaleza.  Se encuentran en las oficinas del NIE copias y recibos de dichos 
informes.  Recomendamos que el Tribunal tome las providencias pertinentes para 
recuperar y entregar a la persona o institución que corresponda, aquellos 
documentos que se refieren a investigaciones por motivos de creencias o ideología.

	...

	Los expedientes del NIE sobre los que el Estado no ha formulado reclamos de 
confidencialidad, que son aproximadamente 2,000 están siendo entregados a las 
personas y organizaciones correspondientes.  Estos expedientes contienen una hoja 
impresa con información sobre la persona u organización investigada y un apartado 
para informar la ideología política, que definen casi siempre como Marxista, 
Marxista Leninista, Marxista Trotskista, Marxista Cristiano, Trotskista, P.S.P., 
Socialista, etc.

	Los otros 2,000 expedientes no se han distribuido por estar pendientes de que 
se adjudiquen judicialmente los reclamos sobre confidencialidad planteados por el 
Estado.  Sobre éstos, los Comisionados han rendido un informe al Tribunal 
recomendando su denegación.

	Estos 2,000 expedientes --que son mucho menos voluminosos que los que se 
encuentran en la Policía-- contienen documentos, informes de diversa naturaleza y 
recortes de periódicos y revistas, nombres de agentes e informantes y de terceras 
personas y organizaciones, fueron preparados a base de investigaciones y otras 
fuentes."

	2.10	La Resolución de 16 de agosto de 1989, que ordena la entrega de los 
expedientes abiertos por razones ideológicas en el estado que se encuentran fue 
apelada por el Estado.  Noriega Rodríguez y otros v. Hernández Colón y otros, CE-
89-578. 	2.11	El 30 de junio de 1993 el Tribunal Supremo de Puerto Rico confirmó 
la Resolución de 16 de agosto de 1989, mediante Opinión.  Expresó el Juez Ponente, 
Honorable Negrón García:

	"Este pensamiento describe lo complejo de este zigzagueante proceso judicial:  
una rutina investigativa gubernamental pervertida, que por décadas causo en el 
país un eclipse constitucional, devaluó los valores comunitarios y produjo una 
madeja jurídica que estamos obligados a desenredar para la tranquilidad espiritual 
de la presente y futuras generaciones.  El Estado, aprovechando, más que las 
diferencias legítimas ciudadanas, las aprehensiones, temores, ignorancia, 
intolerancia e incluso la histeria en determinados momentos, elevó a categoría 
oficial la práctica de fichar y mantener listas y expedientes de quienes 
profesaban la ideología independentista, como si ello fuera delito."  (Subrayado 
en el original y énfasis nuestro)

	2.11.1  Más adelante, al denegar el reclamo de confidencialidad de los 
nombres de agentes, confidentes e informantes, expresó:

	"Se cumple mejor con la política pública encarnada en la Constitución, 
revelando la identidad de los agentes, confidentes e informantes.  Lo contrario 
crearía un peligroso precedente que podría propiciar que en el futuro se retornase 
a esta nefasta práctica.

	...

	Revelar la información es esencial para una justa  decisión de la 
controversia."

	2.11.2  La Opinión enfatiza que acceder a tal reclamo de confidencialidad 
conllevaría ocultar "a los perjudicados información que les sería vital para la 
solicitud y obtención de un remedio para vindicar sus derechos constitucionales."

	2.11.3	Pertinente a la causa de acción de epígrafe señaló:

	"Con sujeción a las normas vigentes en materia de daños, la responsabilidad 
civil y la condena total y única tiene que recaer sobre el Estado, que montó todo 
un costosísimo y elaborado aparato oficial para pervertir la útil facultad 
investigativa de la policía y así mal utilizar esas discrepancias ciudadanas."  
(Enfasis nuestro)

	2.11.4	Enfatizó además sobre el sistema democrático de vida entronizado 
constitucionalmente:

	"El mensaje judicial de nuestro mandato debe ser claro:  en el ámbito 
político, la estructura democrática institucionalizada en la Carta de Derechos de 
nuestra Constitución, fomenta la diversidad ideológica y dentro de la misma es 
permisible la discrepancia, incluso aquella prédica verbal que raya en el extremo 
de la intolerancia política.  Aunque la forma de gobierno e ideología aprobada por 
una mayoría predomina sobre las aspiraciones de la minoría, ésta tiene un espacio 
anchísimo para legítimamente expresar su disidencia y para también aspirar a 
convertirse en mayoría"

	2.11.5	Recapituló sobre las consecuencias negativas de reconocer el 
reclamo de confidencialidad de los nombres de agentes, confidentes e informantes:

	"Las consecuencias negativas son evidentes:  sin razón encubriría para 
siempre identidades; facilitaría al Estado liberarse de cualquier responsabilidad 
civil; limitaría a priori sustancialmente el derecho de los perjudicados al 
descubrimiento de prueba; (13) y dificultaría el derecho a exigirle al Estado la 
reparación de agravios, aún cuando éste, en la vista oral reconoció su 
responsabilidad.  (T.E., 30)."  (Subrayado en el original, escolios omitidos, 
negritas nuestras)

	2.11.6	De otra parte, el Tribunal Supremo también rechazó el reclamo de 
confidencialidad e intimidad de terceros nombrados en los expedientes, carpetas y 
documentos que habrían de ser entregados a los perjudicados por la práctica ilegal 
e inconstitucional del estado.

	2.11.7	Por su parte, el Juez Asociado Hon. Hernández Denton, en su voto 
de conformidad destacó:

	"A pesar de los señalamientos de dicha Comisión [Comisión de Derechos Civiles 
del E.L.A.], el Estado continuó estas técnicas y desarrolló nuevas modalidades 
investigativas.  Las actitudes que dieron lugar a la recopilación, clasificación y 
archivo de información política han persistido hasta nuestros tiempos y han 
generado a su vez actuaciones represivas del Estado que han culminado en la muerte 
de independentistas en la Masacre de Ponce, Masacre de Río Piedras y en el Cerro 
Maravilla."

	2.11.8	Más adelante, el Juez Asociado Hon. Hernández Denton, describe la 
participación activa y concertada del Estado:

	"Resulta ser particularmente alarmante, el hecho de que al efectuar estas 
investigaciones el Estado conocía que los métodos descritos anteriormente violaban 
los derechos constitucionales de los investigados y que por esa razón, había que 
utilizar las técnicas investigativas de forma tal que se evadiera la 
responsabilidad civil y criminal que las actuaciones inconstitucionales del 
gobierno podrían precipitar.

...

	... hay que erradicar para siempre esta técnica investigativa que durante los 
años de la Guerra Fría se convirtió en un poderoso instrumento del Estado para 
reprimir e intimidar a ciudadanos que discrepaban de la ideología prevaleciente y 
para intervenir directamente en el proceso político socavando la credibilidad del 
liderato político y creando las condiciones para trastornar actividades 
legítimas."  (Enfasis nuestro)

	2.11.9	Finalmente, el Juez Asociado Hon. Hernández Denton, concluyó:

	"...estamos obligados a devolverle íntegramente las carpetas a todos los 
afectados y a establecer los mecanismos de rigor para reparar los agravios 
causados por esta práctica inconstitucional y anti-democrática"  (Enfasis nuestro)

	2.11.10	En su Opinión particular de conformidad, el Juez Asociado Hon. 
Fuster Berlingeri, destacó:

	"Lo que tenemos ante nos no es solamente una inusitada y complicada situación 
de violación de los derechos constitucionales de miles de personas.  Se trata más 
bien de una oscura experiencia en nuestro devenir como pueblo que lamentablemente 
tiene raíces muy hondas y que por ello no puede encararse exclusivamente a través 
del proceso judicial.

	La desgraciada práctica de fichar a miles de personas únicamente por motivo 
de sus creencias políticas minoritarias fue realizada por funcionarios públicos 
durante varias décadas.  La llevaron a cabo por muchos años distintos gobiernos, 
que vinieron al poder en virtud de la victoria política de distintos partidos.  No 
puede decirse que fue una práctica privativa de sólo una administración 
gubernamental que tenía miras particularmente reaccionarias.  Más bien, se llevó a 
cabo durante el tutelaje de gobiernos tanto liberales como conservadores.  No ha 
sido un incidente aislado susceptible de eficaz reparación por medio de la 
adjudicación.

...

	Las ramas de gobierno no deben descansar únicamente en lo que hoy aquí 
disponemos.  Cuando menos, deben encarar abiertamente este asunto y explorar 
medios no sólo para vindicar de modo más satisfactorio los derechos de las partes 
afectadas sino además para asegurar que tal práctica no pueda volver a ocurrir, 
aprovechando la ocasión para buscar nuevas maneras de enriquecer nuestro acervo 
democrático.  Entre las medidas que el Gobernador y la Asamblea Legislativa deben 
considerar está la de una gran disculpa pública oficial de parte del Estado, 
efectuada con la mayor lucidez y solemnidad, de profundo contenido educativo, que 
a lo largo y a lo ancho de la isla y ante el mundo reconozca el agravio cometido, 
que ayude a elevar nuestro entendimiento colectivo sobre los derechos de las 
minorías, y que abra el camino para la reconciliación con aquellos cuyos derechos 
han sido conculcados."  (Enfasis nuestro)

	2.12	El 23 de setiembre de 1992 al Partido Independentista Puertorriqueño le 
fueron entregados más de 43 volúmenes y más de 12,000 folios correspondientes a 
los expedientes que por razones ideológicas el estado confeccionó con el propósito 
de perseguir y hostigar a este partido político, a sus organismos o agrupaciones 
de la juventud y a sus integrantes, militantes y simpatizantes.

	2.13	El 22 de diciembre de 1992 el Partido Independentista Puertorriqueño, 
mediante carta suscrita por su Presidente el Lic. Rubén Berríos Martínez, notificó 
al Estado Libre Asociado de Puerto Rico su intención de instar la presente acción 
civil en reclamo de indemnización por los daños sufridos por el partido desde su 
fundación hasta el presente a consecuencia de las prácticas ilegales e 
inconstitucionales del Estado, sus agentes y coparticipantes.

	


MARCO CONCEPTUAL DE LA PRESENTE ACCIÓN CIVIL


	3.1	El axioma rector que impregna la Carta de Derechos preconiza que en una 
sociedad democrática todos los electores y partidos políticos gozarán de iguales 
derechos.  P.I.P. v. E.L.A. 109 D.P.R. 403, 427 (1980); Calderón, Jr. v. J.E.E., 
100 D.P.R. 1061, 1064 (1972); P.R.P. v. E.L.A. 115 D.P.R. 631, 636-638 (1984); 
Marrero v. Mun. de Morovis, 115 D.P.R. 643, 646 (1984).  

	3.2	El Preámbulo de la Constitución del Estado Libre Asociado, al proclamar 
el sistema democrático como la base fundamental para la vida y coexistencia de la 
comunidad puertorriqueña lo define como "aquel donde la voluntad del pueblo es la 
fuente del poder público, donde el orden político está subordinado a los derechos 
del hombre y donde se asegura la libre participación  del ciudadano en las 
decisiones colectivas".  P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 405 
(1980).  

	3.3	La Carta de Derechos en sus Secs. 2, 4 y 6 respectivamente establece que 
una de las formas de expresar dicha voluntad lo será el sufragio universal, igual, 
directo, secreto y libre de coacción, para lo cual la libertad de palabra y 
asociación son esenciales.  P.N.P.v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 741, 749 
(1976).  De esta forma, se reconoce y caracteriza el voto en nuestro ordenamiento 
como uno de los derechos fundamentales del pueblo, por lo que  nuestros tribunales 
vienen obligados a hacerlo observar y respetar.  P.P.D. v. Admor. Gen. de 
Elecciones, 111 D.P.R. 199, 221 (1981).

	3.4	Estas disposiciones derivan del Art. 21 de la Declaración Universal de 
los Derechos del Hombre, U.N. Doc. E./CN. 4/95 (1948), que afirma:

	

1.	Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2.	Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a 
las funciones públicas de su país.

3.	La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; 
esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 
periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 
procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto".  

P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248, 278 (1980).  

	3.5	Así, el ordenamiento constitucional-electoral expresa que reconoce la 
existencia de los partidos políticos como grupos de opinión con derecho a proponer 
candidatos de su predilección, colorarios del derecho al sufragio y consustancial 
con la existencia misma de nuestra democracia política.  García Passalacqua v. 
Tribunal Electoral, 105 D.P.R. 49, 69 (1976); P.N.P. Tribunal Electoral, 104 
D.P.R. 741, 750 (1976); Fuster v. Busó, 102 D.P.R. 327, 347 (1974); Dávila v. 
Secretario de Estado, 83 D.P.R., 186, 193 y ss. (1960).  Se concibe a los partidos 
políticos como instrumentos básicos de la democracia, consideradas sus funciones  
cuasigubernamentales, tales como formular programas de administración y proponer 
candidatos a puestos políticos.  P.S.P. v. E.L.A., 107 D.P.R. 590, 610 (1978).

	3.6	Se advierte tempranamente que "[a]l tomar ese curso la Asamblea 
Constituyente y subsiguientemente el Pueblo enaltecieron una de las básicas 
libertades de la democracia, la de asociarse en agrupaciones políticas.  No puede 
ya ponerse en duda que la libertad de asociarse con otros para el común impulso de 
postulados e ideas políticas es una forma de 'ordenada actividad de grupo' 
protegida por las Enmiendas 1a y 14a.  El derecho a asociarse con el partido 
político de su preferencia es parte integrante de esta básica libertad 
constitucional".  Fuster v. Busó, 102 D.P.R. 327, 354 (1974).

	3.7	Los debates en la convención constituyente confirman la preocupación de 
los delegados por evitar cualesquiera violaciones o interferencias a la franquicia 
electoral.  P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. a las págs. 279-
280. (Señor  Trías Monge, Juez Presidente). En su dimensión funcional el sufragio 
electoral requiere la forma más efectiva para salvaguardar al votante de cualquier 
presión privada o pública.  Se trata de evitar coacciones o represalias que 
pondrían en peligro la independencia del elector y la consiguiente sinceridad de 
su sufragio.  P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. a la págs. 297-298. 
(Señor Negrón García, Juez Asociado) 

	3.8	Conforme esa visión "el derecho a votar libremente Ñpor el candidato o 
partidoÑ es esencial a toda democracia.  Cualquier restricción de ese derecho 
ataca el corazón de los gobiernos representativos ... el voto ... se considera un 
derecho político fundamental debido a que preserva los demás derechos ... el 
examen de posibles obstrucciones al mismo es uno de los usos básicos del poder de 
revisión judicial".  Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 D.P.R. 84, 88 (1980); 
P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 D.P.R. a la pág. 222.  "Cuando se redacta 
una constitución concediendo el derecho a ejercer la franquicia electoral, el 
derecho de la legislatura queda claramente limitado por esa constitución ... [s]i 
bien la legislatura puede reglamentar, no puede entorpecer u obstruir seriamente 
la franquicia electoral."  Martínez Nadal v. Saldaña, 38 D.P.R. 446, 453-54 
(1928).

	3.9	La condición fundamental y preeminente del derecho de sufragio electoral 
se ha reconocido categóricamente en nuestro suelo, atribuyéndose al sistema 
electoral la condición de derecho eminentemente público.  La obligación del Estado 
de proteger Ñy no violarÑ ese derecho es ineludible.  P.I.P. v. E.L.A., 120 D.P.R. 
580, 615 (1988).  La incorporación efectiva de los partidos políticos de minoría 
es condición sine qua non de la estructura electoral-constitucional creada.  Esta 
garantía inherente al sistema de vida democrático propugnado constitucionalmente 
no admite interferencia o menoscabo al ejercicio de la franquicia electoral.  
Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45, 69-70 (1986).

	3.10	De gran significación a la causa de acción en autos, resulta el 
siguiente pensamiento plasmado en el Informe de la Carta de Derechos de la 
Convención Constituyente:

	

	"El más amplio reconocimiento del derecho a diferir y ser, no obstante, 
tratado con igualdad y protegido en esa diferencia por el poder público, es uno de 
los rasgos definidores de la democracia liberal.  De esta disposición suya a 
convivir con el opositor y darle plena oportunidad para que en el debate político 
cambie de crítico en dirigente cuando gane la confianza electoral, deriva buena 
parte de su fuerza creadora y renovadora.  Es éste el único régimen que se 
complace en el vigor fecundante de las diferencias mantenidas en el marco de una 
lealtad básica a los principios y a la metodología de la democracia."

4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2562-2563.

	3.11	A pesar de los postulados constitucionales, estatutarios y 
jurisprudenciales anteriormente expuestos, la práctica ilegal e inconstitucional 
de persecución y hostigamiento por parte del estado en Puerto Rico, por varias 
décadas, demuestra que nos encontramos ante principios escritos en papel ajenos a 
la realidad y vivencia diaria de miles de personas, integrantes, militantes y 
simpatizantes de la independencia para Puerto Rico.  Desde su fundación hasta el 
presente, al Partido Independentista Puertorriqueño se le ha permitido ejercitar 
prerrogativas y derechos meramente formales, siendo en realidad el foco de una 
persecución viciosa, hostil, desestabilizadora y entorpecedora del pleno 
desarrollo de su ideología en interacción con sus integrantes, militantes, 
simpatizantes y con el pueblo de Puerto Rico.




PARTE DEMANDANTE


	4.1	El Partido Independentista Puertorriqueño, es un partido político bona 
fide que participa de los procesos electorales en Puerto Rico.  En relación con 
esta demanda, cuando se hace referencia al demandante o al Partido Independentista 
Puertorriqueño, se incluye al partido político bona fide, sus estructuras 
organizativas y políticas; entre otras, sus comisiones, sus comités locales, sus 
organizaciones afiliadas tales como organizaciones de la juventud y las 
estructuras organizativas políticas de éstas.             

	4.2	Cuando el Partido Popular Democrático abandonó los ideales que le dieron 
origen, primero el ideal independentista y luego el de la justicia social, surge 
el Partido Independentista Puertorriqueño, fundado por el Dr. Gilberto Concepción 
de Gracia, el 20 de octubre del 1946 en Bayamón.

	4.3	El Dr. Gilberto Concepción de Gracia definió desde el principio el 
método de lucha del Partido Independentista Puertorriqueño como uno  democrático.  
Se escogió el método cívico, de orientación ciudadana, de concurrencia al proceso 
electoral, para conseguir la independencia de Puerto Rico.

	4.4	El Partido Independentista Puertorriqueño participó por primera vez en 
las elecciones del 1948.  A partir de ese momento desarrolló una intensa campaña 
de orientación al pueblo en contra de los intentos de convalidar la condición 
colonial de Puerto Rico mediante la creación del llamado Estado Libre Asociado 
(Commonwealth).  La honrosa oposición que condujo y la calidad del trabajo 
realizado le valieron la condición de segundo partido en las elecciones de 1952, 
con más de 150,000 votos y quince legisladores electos al parlamento.  Desde esa 
fecha hasta nuestros días ha participado en todas las elecciones.

	4.5	De 1948 a 1968 se desarrolla una intensa vigilancia de los locales y 
facilidades donde ubica el Partido Independentista Puertorriqueño, se ficha todo 
su liderato nacional, se vigilan sus actividades personales, familiares, 
profesionales y de trabajo.  La oficina de inteligencia de la policía desarrolla 
un intenso análisis y escrutinio del programa y actividad política del Partido, 
infiltrando sus asambleas locales, de distrito y nacionales.  Toda esta 
información se comparte y transmite a las agencias federales de seguridad, 
particularmente el F.B.I.  Se ficha e identifica a todos sus líderes intermedios y 
de base, incluso los comités de barrio, se registran sus direcciones, se les 
identifica en sus centros de trabajo, en particular si eran servidores públicos.  
A los miembros del P.I.P. se les ficha y abren carpetas y tarjetas de referencia, 
se les infiltran agentes en sus reuniones, realizadas en locales privados o en 
residencias, se resumen sus planes, estrategias, acuerdos y expresiones, se 
mantiene un registro de las directivas y funcionarios electos, se identifican a 
las personas e investigan todos los automóviles presentes en actividades del 
partido, tales como mítines, reuniones, asambleas, marchas, etc.  Toda la 
literatura y propaganda del partido es incautada y archivada, incluso radio, 
prensa y televisión, se promueven arrestos ilegales de miembros del partido en 
actividades de masas por el sólo hecho de ejercitar el derecho a la libre 
expresión, y criticar el gobierno, se intercepta correspondencia, materiales y 
documentos internos del Partido, se toman fotografías de los comités, los 
automóviles y asistentes a las actividades del partido, se discrimina a los 
miembros del partido en los centros de trabajo, en la selección de empleo y en la 
obtención de servicios o acceso a instituciones.       

	4.6	Debido principalmente a la persecución de que fue objeto durante la 
década del '50 Ñrecuérdese que desde 1947, con la "Ley de la Mordaza", comenzaron 
a elaborarse las "listas de subversivos", bajó notablemente la votación del P.I.P. 
en elecciones sucesivas, y varias perdió su franquicia electoral y tuvo que volver 
a inscribirse.

	4.7	Durante la enfermedad y luego de la muerte de su fundador, el Dr. 
Gilberto Concepción de Gracia, el 15 de marzo de 1968, el P.I.P. es dirigido por 
una "presidencia colegiada" hasta 1970, en que se elige presidente del Partido al 
Lcdo. Rubén Berríos Martínez. Desde el 1972 se estrechan los contactos 
internacionales del P.I.P., al comparecer el liderato ante el Comité de 
Descolonización de la O.N.U.  En el 1979, al fundarse la Conferencia Permanente de 
Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL), el P.I.P. es uno de sus 
fundadores.  En 1983 ingresa el P.I.P. en la Internacional Socialista, que agrupa 
a los principales partidos socialdemócratas del mundo.  Más tarde el presidente 
del P.I.P., Lcdo. Rubén Berríos Martínez, es elegido miembro del Consejo Ejecutivo 
de la Asociación Latinoamericana  para los Derechos Humanos (ALDHU) y luego Vice-
Presidente de la COPPPAL.  Actualmente, además, es presidente de la Comisión para 
Haití, el Caribe Oriental y los Casos Coloniales de la COPPPAL.        

	4.8	A partir de la década del '70 hasta el inicio del pleito de las carpetas 
en 1987, por el Representante Hon. David Noriega Rodríguez, el P.I.P. continuó 
bajo intensa investigación, escrutinio y vigilancia de la oficina de inteligencia 
de la Policía de Puerto Rico.  Periódicamente, se realizaban informes de 
inteligencia sobre los desarrollos internos del Partido y asuntos electorales.  Se 
vigilaba estrechamente la comunicación del P.I.P. y otras organizaciones, 
interceptándose correspondencia dirigida a esos propósitos. Se archivó 
documentación del trabajo a nivel local e internacional del P.I.P. Se 
interceptaron sus documentos internos de reorganización, financieros y planes de 
acción política y social, se incautó su literatura, periódicos y propaganda, se 
fichó y vigilaron sus actividades políticas, sus comités, asambleas locales y 
nacionales, sus reuniones, fotografiando y registrando tablillas de automóviles y 
nombres de los asistentes, se intensificó aún más la técnica de investigación y 
entrevista en el vecindario de los afiliados y simpatizantes del P.I.P., se les 
discriminó en el trabajo, en la obtención de servicios, empleo y acceso a 
posiciones en el gobierno.

	4.9	Toda esta persecución política se proyecta en un espacio de cuarenta y 
cuatro (44) años y doce (12) comparencias electorales.  La angustia, el encierro, 
el dolor humano, el sufrimiento y sacrificio de miles de patriotas jamás será 
olvidado.  Comprueba el relato que antecede la voluntad inquebrantable de amor a 
la Patria y firme convicción en la democracia como solución al conflicto social y 
político, a pesar de los desmanes, abusos y atropellos de los gobernantes de 
turno.

	4.10	Hoy corresponde al Tribunal General de Justicia del Estado Libre 
Asociado justipreciar los daños que las actuaciones ilegales, inconstitucionales y 
culposas de los cuerpos represivos del Estado causaron al Partido Independentista 
Puertorriqueño.  La indemnización a concederse en autos marca el inicio de un 
verdadero proyecto de democracia que incorpore definitivamente al movimiento 
independentista puertorriqueño a la plenitud de sus derechos civiles y 
constitucionales:

"[l]os derechos a la dignidad, integridad personal e intimidad son derechos 
constitucionales fundamentales que gozan de la más alta jerarquía y constituyen 
una crucial dimensión en los derechos humanos.  Su protección es necesaria para 
que se pueda lograr una adecuada paz social o colectiva.  Una persona respetada en 
su intimidad y dignidad Ñque no es otra cosa que el amplio y, en ocasiones 
complejo mundo interior individualÑ sentirá y vivirá la paz, el respeto y la 
consideración merecida por todo ser humano en una sociedad.  Es de esperarse, 
pues, que esos mismos sentimientos, vitales para una ordenada, racional y pacífica 
convivencia social, sean proyectados de manera efectiva a nuestro orden social".

Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 35, 62 (1986) (Hon. Naveira de 
Rodón, Juez).  

	4.11	Las expresiones, actividades, ideas, conceptos asociaciones y 
publicaciones, campañas políticas y ejercicio de franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño se produjeron y producen bajo el palio de las 
protecciones constitucionales fundamentales sobre libertad de expresión, de 
pensamiento y creencia, asociación, franquicia electoral, prensa y derecho de 
intimidad cobijadas por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
la Ley de Derechos Civiles y demás leyes aplicables.  Por razón de su ideología, 
afirmación del derecho a la independencia de nuestra nación, y del ejercicio de 
sus derechos y prerrogativas al amparo del derecho internacional, la Constitución 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las leyes aplicables, el Partido 
Independentista Puertorriqueño fue objeto de persecución ideológica y de la 
práctica inconstitucional e ilícita de abrírsele un expediente, ser perseguido y 
hostigado como partido político u organización política y de igual manera 
victimizar, perseguir y hostigar a sus integrantes, militantes y simpatizantes.  
El expediente y documentos entregados al Partido Independentista Puertorriqueño 
acredita toda esta actividad inconstitucional, ilegal y discriminatoria en su 
contra.

	4.12	El Partido Independentista Puertorriqueño se reserva el derecho de 
alegar otros daños y perjuicios sufridos a consecuencia de las actuaciones del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, su antecesor, sus agentes, colaboradores y 
coparticipantes de las prácticas ilegales e inconstitucionales de persecución 
ideológica que surgen de los expedientes y documentos que le fueron entregados el 
pasado 23 de setiembre de 1992; así como del descubrimiento de prueba.  



PARTES DEMANDADAS


	5.1	El demandado Estado Libre Asociado de Puerto Rico es la entidad jurídica 
que responde por las actuaciones y actividades ilegales e inconstitucionales, 
negligentes o dolosas, del ente político gubernamental que le antecedió, así como 
de sus departamentos, instrumentalidades, funcionarios y empleados públicos tales 
como el Departamento de Justicia, su Negociado de Investigaciones Especiales 
Ñsucesor de la División de Investigaciones Especiales; la Policía de Puerto Rico, 
su División de Inteligencia; el Departamento de Transportación y Obras Públicas; 
el Departamento de Instrucción Pública; las demás dependencias, 
instrumentalidades, agencias y departamentos; el Gobernador; el Secretario de 
Justicia; el Director del Negociado de Investigaciones Especiales y otros; e 
incluso personas o entidades privadas que como agentes, mandatarios o instrumentos 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico han incurrido en las prácticas 
negligentes, dolosas, ilegales e inconstitucionales que se describen en esta 
demanda.

	5.2	El Partido Popular Democrático es un partido político bona fide que 
participa de los procesos electorales en Puerto Rico con anterioridad al año 1946 
y hasta el presente.  Ha advenido al poder gubernamental en distintos cuatrienios 
en virtud de su victoria política en diversos años electorales.  

	5.2.1	La práctica de fichar y perseguir al Partido Independentista 
Puertorriqueño, sus integrantes, militantes y simpatizantes únicamente por motivo 
de su ideal independentista fue realizada por funcionarios públicos nombrados bajo 
las administraciones de gobierno del Partido Popular Democrático.  

	5.2.2	A pesar de que el Partido Popular Democrático conocía de las 
prácticas inconstitucionales e ilegales del Estado y sus funcionarios Ñintegrantes 
a su vez de los cuerpos rectores del partidoÑ en detrimento de los derechos 
constitucionales y estatutarios del Partido Independentista Puertorriqueño, sus 
integrantes, militantes y simpatizantes, nada hizo por descontinuar y disuadir 
efectivamente la continuidad de tal práctica durante los cuatrienios que ejerció 
el poder gubernamental y por el contrario la preservó y fomentó.

	5.2.3	A pesar de que el Partido Popular Democrático conocía de las 
prácticas inconstitucionales e ilegales del Estado y sus funcionarios Ñintegrantes 
a su vez del los cuerpos rectores del partidoÑ en detrimento de los derechos 
constitucionales y estatutarios del Partido Independentista Puertorriqueño, y 
particularmente, en menoscabo de la franquicia electoral de este partido y en 
patente infracción de la igualdad que debe regir en los procesos electorales en 
nuestro sistema electoral-constitucional, nada hizo por descontinuar y disuadir 
efectivamente la continuidad de tal práctica durante los cuatrienios que ejerció 
el poder gubernamental.  Por el contrario, la preservó y fomentó, particularmente 
durante los periodos eleccionarios.

	5.2.4	El Partido Popular Democrático responde solidariamente con el 
Estado en los distintos cuatrienios en que instituyó su programa de gobierno, 
teniendo control de la estructura gubernamental. 

	5.3	El Partido Nuevo Progresista es un partido político bona fide que 
participa de los proceso electorales en Puerto Rico desde 1968 y hasta el 
presente.  Ha advenido al poder gubernamental en distintos cuatrienios en virtud 
de su victoria política en diversos años electorales.  

	5.3.1	La práctica de fichar y perseguir al Partido Independentista 
Puertorriqueño, sus integrantes, militantes y simpatizantes únicamente por motivo 
de su ideal independentista fue realizada por funcionarios públicos nombrados bajo 
las administraciones de gobierno del Partido Nuevo Progresista.  

	5.3.2	A pesar de que el Partido Nuevo Progresista conocía de las 
prácticas inconstitucionales e ilegales del Estado y sus funcionarios Ñintegrantes 
a su vez del los cuerpos rectores del partidoÑ en detrimento de los derechos 
constitucionales y estatutarios del Partido Independentista Puertorriqueño, sus 
integrantes, militantes y simpatizantes, nada hizo por descontinuar y disuadir 
efectivamente la continuidad de tal práctica durante los cuatrienios que ejerció 
el poder gubernamental y por el contrario la preservó y fomentó.

	5.3.3	A pesar de que el Partido Nuevo Progresista conocía de las 
prácticas inconstitucionales e ilegales del Estado y sus funcionarios Ñintegrantes 
a su vez de los cuerpos rectores del partidoÑ en detrimento de los derechos 
constitucionales y estatutarios del Partido Independentista Puertorriqueño, y 
particularmente, en menoscabo de la franquicia electoral de este partido y en 
patente infracción de la igualdad que debe regir en los procesos electorales en 
nuestro sistema electoral-constitucional, nada hizo por descontinuar y disuadir 
efectivamente la continuidad de tal práctica durante los cuatrienios que ejerció 
el poder gubernamental.  Por el contrario, la preservó y fomentó, particularmente 
durante los periodos eleccionarios.

	5.3.4	El Partido Nuevo Progresista responde solidariamente con el Estado 
en los distintos cuatrienios en que instituyó su programa de gobierno, teniendo 
control de la estructura gubernamental. 

	5.4	A y B representan a todas las personas de nombre desconocido al presente 
que durante el periodo de 1974 al presente se desempeñaron como agentes, 
funcionarios, empleados del E.L.A. o su antecesor que incurrieron en las 
actividades, prácticas o actuaciones ilegales que se describen en esta demanda.

	5.5	C y CH representan a todas las personas de nombre desconocido al 
presente que se identifican como personas, naturales y jurídicas, particulares y 
privadas, que como agentes, mandatarios o instrumentos del Estado Libre Asociado 
Ño su antecesorÑ o en colaboración, confabulación o conspiración con éstos últimos 
incurrieron en las prácticas ilegales e inconstitucionales, negligentes o dolosas, 
que se describen en esta demanda.

	5.6	D y E representan a todas las corporaciones públicas, departamentos o 
instrumentalidades públicas de nombre desconocido al presente que conjuntamente 
con el Estado Libre Asociado incurrieron en prácticas ilegales e 
inconstitucionales, negligentes o dolosas, que se describen en esta demanda.

	5.7	F, G, H representan todas las compañías aseguradoras de nombre 
desconocido al presente que tenían o tienen pólizas de seguros a favor de los 
demandados cuyas cubiertas se extienden a las reclamaciones contenidas en esta 
demanda.

	5.8	En lo sucesivo se denominará como personas, naturales o jurídicas, 
particulares, privadas o corporaciones públicas, a los demandados C y CH, las 
corporaciones públicas demandadas, D y E, y los demás demandados que no sean el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agentes, empleados, funcionarios o 
departamentos, instrumentalidades o agencias sin capacidad para demandar y ser 
demandadas.

	5.9	La parte demandada implantó, fomentó y toleró una práctica oficial o 
política institucional que conocían o debían conocer mediante la cual el Partido 
Independentista Puertorriqueño, sus integrantes, militantes y simpatizantes fueron 
fichados, vigilados, perseguidos y hostigados por funcionarios del estado, sus 
agentes, funcionarios y empleados.

	5.10	Los demandados personas, naturales y jurídicas, particulares, privadas o 
corporaciones públicas, en conspiración con los demandados antes mencionados y 
como parte de la práctica antes mencionada, proveyeron información sobre el 
Partido Independentista Puertorriqueño, sus integrantes, militantes y 
simpatizantes a los demandados funcionarios del Estado para facilitar y propiciar 
la violación de los derechos civiles de los demandantes.

	5.11	Los demandados personas, naturales y jurídicas, particulares, privadas o 
corporaciones públicas, en conspiración con los funcionarios del Estado como parte 
de la práctica antes mencionada, solicitaron u obtuvieron de los demandados 
funcionarios del Estado, información personal sobre el Partido Independentista 
Puertorriqueño, sus integrantes, militantes y simpatizantes resultado de la 
práctica ilegal y utilizaron esta información para discriminar contra los 
demandantes en empleo, oportunidades de estudio, oportunidades de vivienda, 
otorgamiento de contratos y prestación de servicios en violación de sus derechos 
civiles.

	5.12	Esta práctica fue implantada, tolerada y fomentada por todos los 
demandados discriminando contra las creencias políticas e ideológicas del Partido 
Independentista Puertorriqueño, sus integrantes, militantes y simpatizantes.

	5.13	Todas y cada una de las actuaciones de los demandados eran claramente 
ilegales e inconstitucionales al momento de efectuarse o realizarse.



PRACTICAS ILEGALES E INCONSTITUCIONALES CONTRA EL 
PARTIDO INDEPENDENTISTA PUERTORRIQUEÑO


	6.1	Como parte de una práctica inconstitucional e ilegal Ña base de la 
ideología propugnada, las creencias políticas, sindicales, sociales, económicas, 
artísticas y culturales del Partido Independentista Puertorriqueño, el Estado Ñsus 
funcionarios, agentes y empleadosÑ así como los demandados personas naturales y 
jurídicas, particulares y privadas, incurrieron Ñentre otrasÑ en la siguiente 
conducta institucionalizada:

1.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al crear y preparar expedientes, fichas, carpetas 
y récords de la organización, sus integrantes, militantes y simpatizantes como 
alegados subversivos, con propósitos claramente ilegales de violar su derecho de 
asociación y libre expresión.

2.	La parte demandada se incautó del material, propaganda, literatura, 
periódicos, boletines, carteles, hojas sueltas, pasquines, programas, revistas, 
boletines, folletos, libros, listas de miembros y direcciones, cartas, telegramas, 
pertenecientes al Partido Independentista Puertorriqueño.

3.	La parte demandada interfirió con el proceso de inscripción del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al vigilar los comités establecidos y por 
inaugurarse, investigar a los dueños que arrendaban las facilidades, fotografiando 
el lugar, e identificando los vehículos de los asistentes por sus tablillas, así 
como sus nombres.

4.	La parte demandada interfirió con el proceso de inscripción del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al infiltrar agentes en la reuniones para 
constituir comités de campaña a través de toda la isla, resumiendo y 
transcribiendo lo allí acontecido, identificando a los asistentes, abriendo fichas 
y expedientes de sus personas.

5.	La parte demandada interfirió con el proceso de inscripción del Partido 
Independentista Puertorriqueño al identificar en memorandos a todos aquellos 
ciudadanos que hacían su ingreso a la organización, como nuevos afiliados; todo 
ello exclusivamente por razón de sus ideas políticas.

6.	La parte demandada interfirió con el proceso de inscripción del Partido 
Independentista Puertorriqueño al establecer un sistema de vigilancia sistemático 
dirigido a "monitorear" todas sus reuniones y actividades políticas conducentes a 
organizarse a nivel nacional.

7.	La parte demandada interfirió con el proceso de inscripción del Partido 
Independentista Puertorriqueño al vigilar a los abogados y funcionarios del 
partido encargados de llevar a cabo las tareas de inscripción, e incautarse de los 
planes organizativos dirigidos a la inscripción.

8.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al identificar a los ciudadanos que portaban la 
bandera del partido o de Puerto Rico en sus vehículos, manteniendo un registro del 
vehículo y fichas de su persona.

9.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al identificar a los vehículos que portaban 
legalmente altoparlantes, banderas y afiches de la organización para anunciar 
actividades del partido, anotando sus tablillas,  investigando a sus dueños, 
manteniendo un registro del vehículo y ficha de su persona.

10.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al infiltrar las reuniones de sus cuerpos 
directivos y recopilar información de su estrategia de acción política.      

11.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al infiltrar agentes encubiertos e informantes en 
las diversas esferas del desempeño político de la organización, al identificar a 
su liderato a nivel nacional, ficharlos y hacer expedientes de sus personas, 
vigilar su actividad personal, familiar, profesional y de trabajo, su entrada y 
salida del país y las personas con quienes se reunían. 

12.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al identificar a su liderato a nivel intermedio de 
distrito, municipales y de barrio, ficharlos y hacer expedientes de sus personas, 
infiltrar sus reuniones, su directiva, registrar sus direcciones y las de los 
miembros, describiendo y detallando además lo hablado, discutido, sucedido y 
acordado en tales reuniones y actividades, así como resumir su agenda, planes y 
estrategias de acción social y política.

13.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al infiltrar agentes en sus asambleas a nivel 
nacional y regionales, manteniendo registros de los cuerpos directivos, los 
acuerdos, planes y al producir listados de los asistentes por sus nombres y los 
registros de vehículos estacionados en la periferia del lugar.

14.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al identificar y fichar a los ciudadanos que 
ejercían como funcionarios de colegio de la organización, exclusivamente por razón 
de sus ideas políticas. 

15.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al dar seguimiento a sus programas de radio y 
obtener copia de la cinta magnetofónica de las estaciones de radio, transcribir 
los  mensajes difundidos por radio, identificar y fichar las personas que 
participaban en el programa y al mantener registro de los mismos.

16.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al identificar y fichar a las personas que 
escribían en apoyo del ideal de independencia y de la organización en la prensa 
escrita del país o en las publicaciones internas del partido.

17.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al identificar y fichar a las personas que 
expresaban en público o en conversaciones privadas, su adhesión a la organización, 
a sus lideres o al ideal de independencia.

18.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al dar seguimiento amplio y sistemático a sus 
mítines y actividades políticas, identificando pormenorizadamente a los líderes 
nacionales y regionales que se expresaban al público asistente, transcribiendo los 
mensajes y manteniendo un registro  de los mismos.

19.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al infiltrar ilegalmente sus locales y comités de 
campaña, así como las residencias de los lideres nacionales, regionales y miembros 
del partido, registrando y allanando ilegalmente bienes muebles pertenecientes o 
en posesión de la organización, sus integrantes, militantes y simpatizantes, 
incautando objetos, documentos y retratos pertenecientes o en posesión de éstos. 	

20.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al identificar, fichar y mantener un registro de 
los artistas puertorriqueños que asistían y apoyaban las actividades de la 
organización a nivel nacional y regional.

21.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al identificar, fichar y mantener un registro de 
los asistentes y los vehículos a las efemérides del Grito de Lares, convocadas  
por la organización el 23 de septiembre de cada año natural.

22.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al mantener un sistema de información y calendario 
de los mítines y marchas convocadas por la organización, con el propósito de 
identificar a los asistentes y mantener un registro de sus nombres y vehículos.

23.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al fichar las personas y vehículos que 
participaban en las caravanas convocadas por la organización con fines 
proselitistas.

24.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al interceptar el correo y correspondencia de los 
lideres de la organización, así como sus miembros, con el propósito de obtener 
sobre su actividad política.

25.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al conducir rondas de vigilancia en vehículos en 
sus comités de campaña, residencias y lugares donde llevaban a cabo sus 
actividades, sin que hubiera motivo para ello, rindiendo "informes de novedad" una 
vez concluida la labor espúrea.

26.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al promover arrestos ilegales de miembros de la 
organización en las diversas actividades proselitistas, por el sólo hecho de 
ejercitar su derecho a la libre expresión y realizar críticas al gobierno.

27.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al fabricar casos criminales en contra del Partido 
Independentista Puertorriqueño, sus integrantes, militantes y simpatizantes para 
penalizarlos y disuadirlos de sus creencias políticas, religiosas, sindicales, 
sociales, económicas, artísticas y culturales y del ejercicio de sus derechos 
civiles y constitucionales.  	

28.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al identificar y fichar a los empleados 
gubernamentales en sus respectivas agencias afiliados a la organización o que 
hubieran expresado simpatías por ideal de independencia.



29.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al divulgar a otros funcionarios y agencias, tanto 
federales como locales, información sobre el Partido Independentista 
Puertorriqueño, sus integrantes, militantes y simpatizantes a base de los 
expedientes y la información ilegalmente obtenida así como la calificación de 
subversivos que los demandados le habían impuesto a aquéllos, a sabiendas de que 
esta información sería utilizada para discriminar en su contra en relaciones de 
empleo, relaciones contractuales y prestación de servicios.

30.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al proveer información a los patronos privados 
sobre la ideas políticas de sus afiliados, conforme la práctica reseñada de fichar  
y mantenimiento de un registro, fichas y carpetas.

31.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al investigar a los dueños de propietarios que 
ofrecían sus residencias para celebrar reuniones de la organización.



32.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al conducir investigaciones de sus integrantes, 
militantes y simpatizantes, mediante entrevista y solicitud de información a 
compañeros de trabajo, patronos, amigos, conocidos, clientes, familiares, caseros 
y maestros, interrogando a sus vecinos y personas conocidas de sus actividades, 
reuniones vínculos con la organización; transmitiendo la idea a través de toda la 
isla de la ilegalidad de ser miembro del partido y las graves consecuencias que 
acarrearía la membresía.  

33.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al fotografiar y filmar a los integrantes, 
militantes y simpatizantes, así como de otros participantes que asistían a sus 
actividades, tales como asambleas, caravanas, mítines, piquetes, marchas, así como 
los vehículos que utilizaban.

34.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al solicitar y obtener información, documentos y 
retratos de la organización, sus integrantes, militantes y simpatizantes a través 
de otros funcionarios y agencias tanto estatales como federales.

35.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al desarrollar un sistema de investigación 
mediante formulario de toda persona aspirante a empleo o empleada, a obtener 
servicios, franquicias, admisión o ascensos. 

36.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al identificar y fichar las personas que 
realizaban colectas y recaudaban dinero para la organización.

37.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al incautarse de cartas y avisos en que se pedían 
o solicitaban permisos de plazas u otros para actividades de la organización.

38.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al establecer un sistema de intercepción y 
vigilancia de las escuelas de capacitación de la organización.

39.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al establecer un sistema de intercepción y 
vigilancia de las organizaciones de la juventud independentista de la 
organización.

40.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al establecer un sistema de vigilancia a 
ciudadanos profesionales en sus oficinas y empleos, por el hecho de ser miembros 
de la organización y expresar su apoyo al ideal de independencia.

41.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al fichar e identificar a religiosos, médicos, 
abogados, estudiantes, maestros y profesores universitarios, por el hecho de ser 
miembros de la organización y expresar su apoyo al ideal de independencia.

42.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al infiltrar agentes encubiertos e informantes en 
el Partido Independentista Puertorriqueño y las organizaciones religiosas, 
políticas, laborales, culturales, sociales, económicas, profesionales, artísticas, 
estudiantiles, ambientales, educativas, feministas, comunales y deportivas a las 
cuales estaban afiliados sus integrantes, militantes y simpatizantes

43.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al fichar e identificar a miembros de la 
organización que realizaban actividades cívicas de beneficencia o de ayuda a 
comunidades.

44.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al fichar e identificar al incautarse de las 
declaraciones de jóvenes miembros de la organización que objetaron el servicio 
militar obligatorio.

45.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al utilizar agentes encubiertos que simulaban ser 
miembros de la organización y así obtener información del partido.

46.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al vigilar y realizar informes de inteligencia 
sobre las actividades de la organización en foros internacionales donde se 
ventilaba la condición colonial de Puerto Rico.



47.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al provocar la separación, desestabilización, 
quebrantamiento y desintegración de grupos, agrupaciones, organizaciones, 
comisiones, comités locales y de la estructura en generar del Partido 
Independentista Puertorriqueño.

	

48.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al grabar conversaciones de la organización, sus 
integrantes, militantes y simpatizantes y otros participantes en las reuniones y 
actividades del partido;



49.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al interceptar comunicaciones orales, telefónicas 
y no telefónicas de la organización, sus integrantes, militantes y simpatizantes 
entre sí y con otras personas;



50.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al desacreditar a la organización, sus 
integrantes, militantes y simpatizantes, moral, profesional y políticamente a 
través de la diseminación de información manipulada con el propósito de 
penalizarlos y disuadirlos de sus creencias políticas, religiosas, sindicales, 
sociales, económicas, artísticas y culturales, así como del ejercicio de sus 
derechos civiles y constitucionales;



51.	La parte demandada infringió e interfirió con los derechos 
constitucionales, los derechos estatutarios y la franquicia electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño, al cometer actos de sabotaje, tales como 
destrucción y daños a la propiedad, escalamiento, interrupción de servicios, 
dirigidos a penalizar a la organización, sus integrantes, militantes y 
simpatizantes y disuadirlos de sus creencias políticas, religiosas, sindicales, 
sociales, económicas, artísticas y culturales y del ejercicio de sus derechos 
civiles y constitucionales; así como para reducir la efectividad de sus 
actividades, trabajo político, religioso, sindical, social, económico y cultural.

	6.2	Los demandados han vulnerado e infringido los derechos legales y 
constitucionales del Partido Independentista Puertorriqueño, sus integrantes, 
militantes y simpatizantes, causándole graves perjuicios y daños.



PRIMERA CAUSA DE ACCION: 
VIOLACIONES A LA CONSTITUCION 
DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO


	7.1	Se reproducen todas las alegaciones anteriores, se hacen formar parte y 
expresamente se incorporan a esta causa de acción; así también se incorporan a 
esta causa de acción, se hacen formar parte y se incorporan a esta causa de acción 
las alegaciones contenidas en las subsiguientes causa de acción.

	7.2	La parte demandada, mediante sus acciones y directrices emitidas a sus 
subordinados, funcionarios, empleados, sirvientes, causahabientes y en concierto y 
común acuerdo con otras personas, jurídicas, particulares, privadas o 
corporaciones públicas, violó la Carta de Derechos de la Constitución del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, al establecer un sistema de identificación, 
vigilancia y seguimiento de las actividades personales, sociales, políticas, 
familiares, religiosas, artísticas, sindicales, profesionales y partidistas del 
Partido Independentista Puertorriqueño y de sus integrantes, militantes y 
simpatizantes; incluso manteniendo un registro de sus actividades políticas, 
traslados y viajes dentro de nuestra isla, traslados y viajes fuera de nuestra 
isla, reuniones en los distintos niveles organizativos del partido, fotografiando 
sus actividades, discriminando, hostigando, persiguiendo y ocupando sus bienes y 
pertenencias, con la intención de marginal, aislar y criminalizar al partido y a 
su ideología, afectado su reputación y nombre y privándole de sus prerrogativas 
constitucionales, exclusivamente por razón de defender y promover el ideal de la 
independencia para Puerto Rico.

	7.3	Tales actuaciones de la parte demandada constituyen una violación y 
degradación de la dignidad del ser humano de los sus integrantes, militantes y 
simpatizantes del Partido Independentista Puertorriqueño. Constitución del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sec. 1. 

	7.4	Tales actuaciones de la parte demandada constituyen una violación a la 
cláusula sobre igual protección de las leyes y un discrimen ilegal, impermisible y 
aborrecible contra el Partido Independentista Puertorriqueño, sus integrantes, 
militantes y simpatizantes, incompatible los postulados de esencial igualdad 
humana. Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Secs. 1 y 
7. 

	7.5	Tales actuaciones de la parte demandada afectaron, interfirieron y 
menoscabaron el derecho de los sus integrantes, militantes y simpatizantes del 
Partido Independentista Puertorriqueño a ejercitar válidamente su derecho 
fundamental al voto, igual directo y secreto, libre de coacción garantizados por 
la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sec. 2.

	7.6	Tales actuaciones de la parte demandada afectaron, interfirieron y 
menoscabaron el derecho del Partido Independentista Puertorriqueño a ejercitar 
válidamente su derecho fundamental a la franquicia electoral garantizada por la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sec. 2.

	7.7	Tales actuaciones de la parte demandada afectaron, interfirieron, 
restringieron y privaron al Partido Independentista Puertorriqueño, sus 
integrantes, militantes y simpatizantes, de su derechos fundamentales a la 
libertad de palabra, de prensa, a reunirse en asamblea pacífica y a solicitar del 
gobierno la reparación de agravios, derechos garantizados por la Constitución del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sec. 4. 

	7.8	Tales actuaciones de la parte demandada interfirieron, restringieron y 
privaron al Partido Independentista Puertorriqueño, sus integrantes, militantes y 
simpatizantes, de su derecho fundamental a asociarse y organizarse para cualquier 
fin lícito, derecho garantizado por la Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, Art. II, Sec. 6. 

	7.9	Tales actuaciones de la parte demandada privaron al Partido 
Independentista Puertorriqueño, sus integrantes, militantes y simpatizantes, de su 
derechos fundamentales a la vida, libertad, propiedad y al debido procedimiento de 
ley, derechos garantizados por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, Art. II, Sec. 7. 

	7.10	Tales actuaciones de la parte demandada privaron al Partido 
Independentista Puertorriqueño, sus integrantes, militantes y simpatizantes, de su 
derecho fundamental a la libertad de movimiento, garantizada por la Constitución 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Secs. 4, 6 y 7. 

	7.11	Tales actuaciones de la parte demandada violaron el derecho fundamental 
a la intimidad del Partido Independentista Puertorriqueño, sus integrantes, 
militantes y simpatizantes, en su vida privada, familiar y en el trabajo, derecho 
garantizado por Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, 
Sec. 8.        	

	7.12	Tales actuaciones de la parte demandada privaron al Partido 
Independentista Puertorriqueño, sus integrantes, militantes y simpatizantes, de su 
derecho fundamental a la protección de ley contra ataques abusivos a su honra, 
reputación y vida privada, derechos garantizados por la Constitución del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sec. 8. 

	7.13	Tales actuaciones de la parte demandada configuran una causa de acción 
por difamación, libelo y calumnia, al imputar al Partido Independentista 
Puertorriqueño, sus integrantes, militantes y simpatizantes, la comisión de delito 
público, participación en eventos contrarios a la ley o haber conspirado para 
cometer delito u otros eventos falsos, investigándolos arbitrariamente en su 
comunidad, sin que mediara justa causa para arrestar, prueba para sostener las 
acusaciones o iniciar una investigación criminal; todo ello fundado en 
imputaciones inventadas, maliciosas y falsas. Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sec. 8.

	7.14	Tales actuaciones de la parte demandada, violaron el derecho del Partido 
Independentista Puertorriqueño, sus integrantes, militantes y simpatizantes, a la 
protección de sus personas, casas y efectos contra registros y allanamientos 
irrazonables, al allanar sus locales, residencias e incautarse de documentos, 
material, pertenencias, objetos, bienes muebles, sin que mediara orden judicial 
previa y a base de conjeturas e imputaciones maliciosas, sin que mediara causa 
válida para arrestar, prueba para sostener las acusaciones o iniciar una 
investigación criminal. Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
Art. II, Sec. 10. 

	7.15	Tales actuaciones de la parte demandada violaron el derecho de los 
integrantes, militantes y simpatizantes del Partido Independentista 
Puertorriqueño, a no ser arrestados u objeto de intervención policíaca sin que 
mediara causa probable conforme a derecho, al propiciar detenciones y arrestos 
ilegales para propósitos de interrogatorio y ocupar evidencia, restringir su 
libertad de movimiento, imponer restricción domiciliaria, seguimiento vehícular, 
impedir su asistencia o movilización a lugares públicos, sin que mediara causa 
válida para arrestar, prueba para sostener las acusaciones o iniciar una 
investigación criminal. Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
Art. II, Sec. 10. 

	7.16	Tales actuaciones de la parte demandada violaron el derecho del Partido 
Independentista Puertorriqueño, sus integrantes, militantes y simpatizantes, a que 
no se interceptaran sus comunicaciones telefónicas. Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sec. 10. 

	7.17	Tales actuaciones de la parte demandada, violaron el derecho de todos de 
los integrantes, militantes y simpatizantes del Partido Independentista 
Puertorriqueño a seleccionar libremente su trabajo, a ser protegidos en su 
integridad personal, a realizar manifestaciones, piquetes y a decretar una huelga, 
mediante sistemas de identificación, vigilancia y seguimiento de las actividades 
de las uniones obreras y de los trabajadores en el curso de sus manifestaciones, 
piquetes laborales y eventos huelgarios, infiltrando agentes encubiertos, filmando 
y fotografiando a los participantes, grabando conversaciones y reuniones.  
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Secs. 16 y 17. 

	7.18	Tales actuaciones de la parte demandada privaron a los integrantes, 
militantes y simpatizantes del Partido Independentista Puertorriqueño de su 
derecho fundamental al trabajo, negándole la oportunidad de obtener un empleo o 
trabajo, promoviendo el despido de empleados públicos y privados, negándole 
ascensos, promoviendo descensos y traslados injustificados e impidiendo su cabal 
desarrollo y integración efectiva en el mercado de empleo.  Constitución del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Secs. 7 y 19.

	7.19	Tales actuaciones de la parte demandada privaron al Partido 
Independentista Puertorriqueño, sus integrantes, militantes y simpatizantes de la 
subordinación del poder estatal a la soberanía del Pueblo; del sistema democrático 
de vida fundamental a la comunidad puertorriqueña; de los derechos reservados al 
Pueblo; de los derechos humanos; de su derecho a obtener un empleo; de su derecho 
a disfrutar de un nivel de vida adecuado que asegure para sí y para su familia la 
salud, el bienestar y específicamente la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; de su derecho a la 
protección social en el desempleo, la enfermedad, la vejez o la incapacidad 
física; y de su derecho a una libertad integral.  Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, Preámbulo; Art. I, Sec. 1; Art. II, Secs. 19 y 20.



SEGUNDA CAUSA DE ACCION:
ARTICULO 1802 DEL CODIGO CIVIL


	8.1	Se reproducen todas las alegaciones anteriores, se hacen formar parte de 
y expresamente se incorporan a esta causa de acción; así también, se hacen formar 
parte y se incorporan a esta causa de acción las alegaciones contenidas en las 
subsiguientes causas de acción.

	8.2	En el Preámbulo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico se consigna el propósito colectivo de organizar una sociedad "sobre una base 
plenamente democrática, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y 
para nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos".

	8.3 	La Ley Orgánica de la Policía de Puerto Rico dispone que  "[s]e crea en 
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico un organismo civil de orden público que se 
denominará "Policía de Puerto Rico" y cuya obligación será proteger a las personas 
y a la propiedad, mantener y preservar el orden público, observar y procurar la 
más absoluta protección de los derechos civiles del ciudadano, prevenir, descubrir 
y perseguir el delito y, dentro de la esfera de sus atribuciones, compeler 
obediencia de las leyes y ordenanzas municipales, y reglamentos que conforme a 
ésta se promulguen ..." 25 L.P.R.A. Sec. 1003.

	8.4	El Reglamento de Personal de Policía dispone que se considerará falta 
grave "incurrir en mal uso o abuso de autoridad, entendiéndose como actos de mal 
uso o abuso de autoridad los siguientes: discrimen por razones políticas, 
religiosa, condición socio-económica ..."  Sección 14.5 (40)(d).

	8.5	El Código Penal de Puerto Rico penaliza las violaciones a los derechos 
civiles de los ciudadanos en la jurisdicción del Estado Libre Asociado:  
Restricción de la libertad (Art. 130); Violación de morada (Art. 139); Orden de 
arresto o allanamiento obtenida ilegalmente (Art. 140); Demora en el examen del 
arrestado (Art. 132); Amenazas (Art. 150); Delito contra el derecho de reunión 
(Art. 142); Violación de comunicación escrita (Art. 143); Interceptación de 
comunicación privada verbal (Art. 144); Grabación (Art. 145); Divulgación de 
comunicación privada (Art. 146); Publicación de comunicación privada (Art. 147); 
Alteración de mensajes (Art. 148); Uso indebido de comunicación privada (Art. 
149); Intrusión en la tranquilidad personal (Art. 141); Discriminaciones ilegales 
(Art. 154 ÑNegar acceso, servicio e igual tratamiento, negar empleo, vivienda, 
préstamos, patrocinio de negocios, etc.).; Acometimiento, opresión, etc. por 
funcionario público (Art. 141); Incumplimiento de Hábeas Corpus (Art. 133); 
Evasión de Auto de Hábeas Corpus (Art. 135); Prolongación indebida de la pena 
(Art. 136); Secuestro (Art. 137); apropiación ilegal (Art. 165).

	8.6	Dispone el artículo 1802 del Código Civil que "[e]l que por acción u 
omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 
reparar el daño causado.  La imprudencia concurrente del perjudicado no exime de 
responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización".  31 L.P.R.A. ¤ 
5142.

	8.7	La parte demandada mediante sus agentes, funcionarios, empleados, 
sirvientes y causahabientes y en concierto y común acuerdo con los personas, 
naturales y jurídicas, particulares, privadas o corporaciones públicos, incumplió 
crasa y manifiestamente los deberes categóricos de observar, respetar, garantizar 
y proteger los derechos humanos, constitucionales y civiles de todos los 
demandantes, impuestos por la Constitución y leyes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, la Ley Orgánica de la Policía de Puerto Rico, el Reglamento de 
Personal de la Policía de Puerto Rico y el Código Penal de Puerto Rico al llevar a 
cabo por varias décadas una práctica sistemática, inconstitucional y aborrecible, 
de fichar, identificar, perseguir, mantener un registro e infiltrar al Partido 
Independentista Puertorriqueño, sus integrantes, militantes y simpatizantes por el 
sólo hecho de su ideología política; clasificándoles como "separatistas y 
subversivos", escalando la represión a través de la persecución continua, 
fabricación de casos, infiltración de agentes, apropiación ilegal, 
desestabilización de los comités políticos, agresión física, psicológica y otras 
técnicas contra el Partido Independentista Puertorriqueño, sus integrantes, 
militantes y simpatizantes que abogan por la Independencia para Puerto Rico.

	8.8	Las prácticas ilegales  e inconstitucionales descritas en esta demanda 
eran conocidas por la parte demandada, respondían a una política institucional, 
promovida e instaurada de forma negligente y temeraria, o con malicia y 
premeditación, producto de la supervisión, instrucción, adiestramiento y 
apercibimiento de sus agentes, funcionarios, empleados y personal asignado a la 
encomienda:

	"Nosotros tenemos que investigar de tal manera que las personas entrevistadas 
ni la persona investigada se enteren de